La normativa criminaliza la minería de criptomonedas y otros activos virtuales, y a partir de su aplicación quienes tengan en su poder equipos e infraestructuras informáticas y de comunicaciones dedicados a esas funciones, pueden ser sancionados con penas de uno a cinco años de prisión.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas durante el proceso de debates del cuerpo legal, el país precisaba de esta disposición para salvaguardar la seguridad energética nacional, pues ese tipo de actividad es alta consumidora y puede provocar sobrecargas en el sistema de distribución.
En tal sentido señalaron que las infraestructuras de minería de criptomonedas pueden tener un consumo promedio de electricidad en torno a los 9,6 MegaWatt por día, lo que representa el gasto de aproximadamente tres mil hogares angoleños.
Esto pudiera generar problemas de carácter técnico, productivo y económico-social, no solo por las afectaciones en materia de energía, sino teniendo en cuenta la posible asociación de esta práctica con otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales.
La legislación, que fue aprobada con 104 votos a favor, dos en contra y 71 abstenciones, igualmente se prohíbe el uso de cualquier licencia de instalación eléctrica o de la conexión al sistema eléctrico nacional de sistemas y equipos, con el fin de minar criptomonedas y otros activos virtuales.
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