El tema constituye, según analistas, una asignatura pendiente para los 27 países comunitarios que hasta ahora no llegan a un acuerdo.

El ejecutivo de Bratislava se opone a las exigencias de asentar a inmigrantes irregulares en su territorio, según declaró el ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanar.

La víspera el PE aprobó, pese a un apoyo incompleto, una nueva política europea sobre el terma, parte de la cual es también la redistribución obligatoria de los refugiados irregulares, escribió Blanar en su página de Facebook.

El alto diplomático señaló que Eslovaquia no está de acuerdo con el llamado principio de solidaridad, ni con la condición de la acogida obligatoria en su territorio.

Según Blanar, los estados miembros deberían decidir por sí mismos qué forma de asistencia eligen, sin ordenárseles una contribución financiera o material obligatoria.

Pero tal postura hasta hoy no dio resultados concretos, sino que agravó una crisis antológica en la que los verdaderos afectados son quienes buscan en territorio comunitario escapar del hambre y las guerras en sus países de origen

El ministro también indicó que la aprobación de esta reforma es una demostración real de la importancia de mantener el poder de veto en las áreas clave de interés nacional.

Era imposible utilizar el derecho de veto en esta votación, por lo que este borrador fue aprobado pese a la oposición de Eslovaquia y otros Estados, añadió Blanar.

A principios de febrero, el primer ministro eslovaco, Robert Fitzo, declaró que su país preferiría pagar antes que acoger a inmigrantes como parte de las cuotas de asentamiento de la Unión Europea.

Pero la víspera los miembros del PE aprobaron por mayoría la ley denominada “Pacto sobre Migración y Asilo”, concebida para contribuir a la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, así como endurecer las penas por delitos en este ámbito dentro de la UE.

Tras ser sometido a la revisión de cada estado miembro, estos dispondrán entonces de otros dos años para aplicarlo.

Entre otras cosas, la reforma prevé una distribución “justa” de los inmigrantes entre los distintos países de la UE, para “aliviar la carga” de los Estados se enfrentan a la mayor afluencia de inmigrantes irregulares.

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