La sentencia fue dictada ayer, cerca de una década después de la matanza, por un tribunal de la ciudad amazónica de Ucayali y dispone que cumplan la pena los autores mediatos, Hugo Soria y José Estrada, y los ejecutores que contrataron como sicarios Eurico Mapes, Josimar Atachi y Segundo Atachi.

Las víctimas fueron emboscadas cuando el líder de la comunidad Tamaya-Saweto, Edwin Chota, y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo iban al cercano territorio brasileño a reunirse con nativos del vecino país, en septiembre de 2014.

A la audiencia final asistió el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien calificó la sentencia como histórica y dijo que debió incluir una orden de protección a los familiares de los asesinados, que piden el resguardo debido a que los parientes de los condenados viven en la misma comunidad y podrían intentar vengarse.

Los familiares de las víctimas no quedaron satisfechas con la condena pues exigen la pena máxima, 35 años de cárcel, como pedía la fiscal, Vannie Robles, quien apeló insistiendo en esa sanción.

Tanto Chota como sus compañeros cumplían una importante labor de denuncia de la actividad depredadora de taladores ilegales de árboles que los amenazaban con tomar represalias, por lo cual pidieron protección a las autoridades pero nunca fueron atendidos.

El fallo contra los depredadores coincidió con los preparativos de la participación de organizaciones amazónicas peruanas en una próxima reunión de los países de América Latina y el Caribe firmantes del Acuerdo de Escazú de defensa de la Amazonía.

Tendrán mucho que decir, pues la reunión debatirá un proyecto de plan para la protección de los defensores del medio ambiente en la región y se realizará del 22 al 24 de abril próximos.

Los indígenas de la región enfrentan actividades extractivas agresoras del medio ambiente, principalmente la minería, la apropiación de tierras y la deforestación, acompañadas de violencia y violaciones de derechos humanos, como la masacre de Soweto.

La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a dos mil 439 comunidades nativas, ha sufrido entre 2013 y 2023 la muerte de 32 líderes y lideresas indígenas de las etnias Kichwa, Kakataibo, Asháninka, Nomatsiguenka, Yanesha y Kukama, ultimados por defender su habitat.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene registrados 45 luchadores ambientalistas asesinados en el mismo año en Perú.

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