El secretario del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, denunció que se viola el artículo 102 la Constitución que establece becas, beneficios u otras prestaciones a los estudiantes que lo merezcan en igualdad de condiciones, priorizando a los económicamente más necesitados.
Ese precepto constitucional, dijo, se vulnera de manera impune y los beneficios recaen en los hijos de ricos, diputados, empresarios, banqueros, políticos, ministros, presidentes, directores de entidades autónomas, entre otros.
Es insostenible el robo al erario público, vergüenza debe darles a quienes fiscalizan este sector, en particular a la Contraloría de la República, y los que ejecutan, el Ifarhu, que otorga auxilios económicos a quienes menos lo necesitan, señaló.
Para Méndez, el problema en Panamá es que esos delitos quedan impunes e instó a que el pueblo tome las riendas de su destino, pare el saqueo de los recursos del Estado, mientras los responsables deben ser procesados, ir presos y devolver todo lo robado, remarcó.
Sobre el tema y hacia los comicios generales de 2024, candidatos presidenciales, entre ellos la economista Maribel Gordón, quien corre por libre postulación, abogan por eliminarlos.
De su parte, Rómulo Roux, candidato de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, pidió una auditoría de esos desembolsos; mientras el abanderado de Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, pidió que se abra una investigación y dijo que encontrará el mecanismo legal para que los beneficiarios devuelvan esos recursos.
En el istmo se niega toda la información sobre los criterios del Ifarhu para conceder auxilios económicos, salvo que son fondos no reembolsables, sin concurso y entregados a discreción; tampoco se exige un promedio académico alto o destacar en alguna disciplina deportiva o las bellas artes.
Sobre el controversial asunto, el contralor Gerardo Solís admitió que unilateralmente tomó la decisión de ocultar el nombre del 56 por ciento de los beneficiarios de las ayudas que entregó el Ifarhu entre julio de 2019 y mayo de 2023, y contó que hace 40 años él también recibió uno de esos aportes.
“La responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios fue una decisión administrativa de este contralor. Lo asumo yo”, aseguró en entrevista con el canal Telemetro y precisó que sustentó su decisión para evitar que la usen con fines políticos.
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