Voceros de movimientos populares como Sal de las Redes y medios informativos, entre ellos el diario La Prensa insisten en la opacidad que rodea los desembolsos de millones de dólares para familiares de diputados, funcionarios públicos y políticos que aparecían como beneficiarios.
Las organizaciones sociales señalan que este escándalo que repuntó en 2022 muestra una vez más el favoritismo y la corrupción que existe en el Gobierno y ahora emerge a pocos días de elecciones generales.
Según una base de datos del periódico La Prensa se identifican dos mil 144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares, pero hay dos mil 759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto.
La víspera el Contralor de la República, Gerardo Solís, acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia, pero a consultas de la prensa acerca de las nuevas publicaciones relacionadas con los auxilios económicos, evitó dar declaraciones.
El año pasado, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) dijo que los funcionarios del Ifarhu, incluido su entonces director Bernardo Meneses- ahora candidato a diputado por el gobernante Partido Revolucionario Democrático- no incurrieron en irregularidades administrativas, pero recomendó reglamentar el programa de los auxilios financieros.
Desde octubre de 2022, el Consejo Nacional del Ifarhu, máximo organismo de la entidad que preside la ministra de Educación, Maruja Gorday, , se declaró en sesión permanente, en respuesta a la crisis desatada en aquel momento.
La reunión fue a puerta cerrada, y luego se comunicó al país que se había acordado implementar una serie de cambios y que los auxilios se convertirían en “créditos educativos” (es decir, en préstamos), en aquellos casos en que se comprobara que pueden ser sufragados por los beneficiarios.
La oscuridad se mantuvo, a pesar de que la Antai instruyó al Ifarhu a divulgar quiénes eran los beneficiarios y los montos desembolsados, estadística que debe ser de carácter público.
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