La Policía Federal abrió esta semana una investigación contra Musk por supuesta obstrucción de la justicia, incitación al delito y organización criminal.
Tal indagación comenzó después que el empresario amenazó con incumplir las disposiciones del STF, que ordenó bloquear la plataforma (antes Twitter) por sus arremetidas contra la justicia brasileña, y criticar a De Moraes.
«Las redes sociales no son tierra sin ley. Las redes sociales no son tierra de nadie», escribió el juez en letras mayúsculas en su fallo e incluyó a Musk entre los investigados en el caso de las milicias digitales, muy activas durante la gestión del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).
El acaudalado utilizó entonces su propia plataforma para acusar al ministro de imponer una «censura agresiva» en Brasil y lo calificó de dictador.
Además de determinar la apertura de una investigación para apurar las conductas de Musk, el magistrado estableció una multa diaria de 100 mil reales (20 mil dólares) para cada perfil bloqueado judicialmente que sea reactivado por la plataforma.
Por estos hechos, el representante y administrador de X en Brasil, abogado Diego de Lima Gualda, renunció al cargo, reveló este sábado el diario O Tempo.
Detalló que dimitió en una carta presentada el 8 de abril. La abdicación consta en documentos de la Junta Comercial de Sao Paulo.
Por la red social LinkedIn, De Lima Gualda asumió la función de director jurídico del entonces Twitter Brasil en junio de 2021.
En medio de las embestidas de Musk, el magistrado del STF negó también una solicitud presentada por la filial nacional de X para descartar cumplir decisiones judiciales locales.
Según De Moraes, el pedido «bordea la litigación de mala fe» y ocurre en medio de sus determinaciones después que el dueño de la plataforma amenazó con reactivar cuentas bloqueadas por la justicia brasileña.
A las claras, el juez no estuvo de acuerdo con la argumentación de X en Brasil de que no tiene control sobre arbitrajes judiciales.
La demanda, alega De Moraes, representó en realidad un intento de garantizar un blindaje para los representantes en el país, lo cual no hay previsión legal.
En otra de sus decisiones, el ministro recalca que «la flagrante conducta de obstrucción a la justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a las órdenes judiciales y de futura ausencia de cooperación de la plataforma son hechos que violan la soberanía de Brasil».
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