En un conversatorio con representantes de organizaciones políticas y medios de comunicación, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que existe cierta complejidad en el conteo porque en la misma paleta aparecen las 11 preguntas.
La titular del organismo también se refirió a la posibilidad de que los sufrgios en México e Israel sean suspendidos por recomendación del equipo técnico, aunque esa decisión la tomarán más tarde este mismo martes.
Según Atamaint, en el caso de Israel las tensiones tras los sucesos del fin de semana no permiten garantizar la seguridad de los ecuatorianos residentes en ese país.
Mientras que en México, la ruptura de relaciones diplomáticas por el ingreso de la policía a la embajada mexicana en Quito tampoco permite habilitar en tan poco tiempo los recintos en Ciudad de México y Monterrey, señaló la jefa del CNE.
En relación con la situación energética de cara al día de la votación, Atamaint informó que conversó con autoridades del área energética para mostrar su preocupación por los apagones, que podrían afectar el procesamiento de datos de la consulta popular.
Adelantó que el Ejecutivo se comprometió a no cortar la electricidad, al menos por ese día, aunque elaborarán planes de contingencia.
Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el venidero 21 de abril para responder 11 preguntas sobre seguridad, justicia y empleo.
De esa forma, el presidente Daniel Noboa busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Otras de las preguntas de la consulta están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Las dos interrogantes más polémicas son las relacionadas con la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional y la que propone los contratos laborales por horas.
En opinión de más de 45 movimientos integrados en el Frente de Lucha por el No a la Consulta, el mandatario aprovechó el contexto de incertidumbre y miedo para convocar a un proceso, cuyo costo de 60 millones de dólares podría servir para sectores sociales, como educación o salud.
Tramposa, engañosa e inútil son algunos de los calificativos que recibe la consulta por parte de quienes creen que la mayoría de las preguntas pueden tratarse en la Asamblea Nacional (parlamento) y la del trabajo por horas y la relacionada con el arbitraje internacional perjudican al pueblo y la soberanía nacional.
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