Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el llamado de ese órgano a cumplir con la orden de la Corte Internacional de Justicia, la cual pidió a ambas partes de abstenerse de proceder con acciones que compliquen el conflicto territorial.
La Cancillería expresó beneplácito porque se planteó respetar la soberanía y la integridad territorial de cada lado, así como evitar la amenaza sobre el uso de la fuerza.
Finalmente, reafirmó la disposición de Guyana a solucionar la controversia por la vía pacífica y con apego a las leyes internacionales.
El Consejo de Seguridad de la ONU ayer analizó el tema a raíz de la reciente promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada antes por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Guyana rechazó esa acción de Caracas y sus autoridades ratificaron la posición en la disputa.
La República Bolivariana, por su lado, expresó que la normativa jurídica se aprobó en cumplimiento del “mandato soberano del pueblo venezolano”, expresado el 3 de diciembre de 2023 durante el referéndum consultivo, al que acudieron a votar más de 10 millones de personas.
Consideró la aprobación de la mencionada ley como “un acto soberano”, que compete solo a los venezolanos, y su objetivo es defender y preservar los derechos incuestionables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba bajo la égida del derecho internacional y del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Los dos Estados desde hace más de un siglo mantienen diferencias por esa zona de alrededor de 160 mil kilómetros cuadrados, y a finales de 2023 la polémica se agudizó con denuncias de la República Bolivariana respecto a licitaciones a transnacionales petroleras en aguas no delimitadas.
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