El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó en tal sentido la respuesta del Gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaró meses atrás en desacato a un dictamen de ese tribunal que dispuso no aplicar el indulto otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, afirmó Arana.
Planteó “el respeto recíproco entre la soberanía y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instando a la consideración respetuosa de las decisiones judiciales internas y soberanas del Estado peruano”.
El indulto fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por ser producto de un acuerdo político entre Kuczynki y una facción del partido fujimorista y la familia del exggobernante.
La medida fue declarada ilegal por el Poder Judicial peruano, por no haber cumplido los requisitos de un indulto humanitario concedido y Fujmori tuvo que volver a prisión.
Entre esos requisitos figura el de reconocimiento de culpa y arrepentimiento del reo por las dos masacres de civiles inermes por las que en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio agravado que califica como crimen de lesa humanidad.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional (TC) dio validez al indulto, lo cual bloqueó la CIDH con una medida cautelar y en diciembre de 2023 el TC ordenó su libertad, lo cual acató el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que excarceló al reo.
En el contexto político en el que el partido fujimorista Fuerza Popular es la primera fuerza del Parlamento, legisladores de derecha extrema plantearon recientemente dos proyectos de ley para declarar prescritos los delitos considerados de lesa humanidad y para amnistiar a sentenciados y procesados por delitos cometidos en la llamada guerra interna (1980-2000).
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