En declaraciones a la Radio Nacional de Angola, reconoció que hubo vicios de procedimiento en el juicio del caso conocido popularmente como “500 millones de dólares”, el cual debe ser remitido al Tribunal Supremo.
Pitta Gróz afirmó, sin embargo, que esta situación no afecta la lucha contra la corrupción, sino que les exige actuar con más vigor.
El pasado 4 de abril se dio a conocer que los magistrados consejeros del Tribunal Constitucional angoleño declararon la sentencia contra el exgobernador del Banco Nacional de Angola (BNA) y otros implicados, como inconstitucional.
La instancia consideró que el proceso seguido contra el directivo, junto al expresidente del Fondo Soberano, José Filomeno dos Santos, así como Jorge Gaudens Pontes Sebastião y António Samalia Bule Manuel, vulneró los principios de legalidad, contradicción, legalidad procesal y derecho de defensa.
Los implicados habían sido condenados en segunda instancia por los delitos de malversación, fraude por estafa y tráfico de influencias, todos ellos en la modalidad continuada, con penas de cinco a ocho años de prisión.
También se les impusieron multas e indemnizaciones al Estado por valor de cinco millones de kwanzas (unos seis mil dólares) en concepto de daño moral y ocho millones 512 mil 500 dólares, en concepto de lucro cesante y daño emergente.
Los acusados recurrieron al Tribunal Constitucional insatisfechos con la decisión del Tribunal Supremo, pues consideraron que pasó por alto cuestiones esenciales para el descubrimiento de la verdad, como las respuestas dadas por el entonces presidente de la República, José Eduardo dos Santos, en calidad de titular del poder Ejecutivo.
Añadieron que esa instancia judicial no consideró la versión de los hechos de la defensa y tampoco consintió la presentación de testigos y pruebas clave, además de que la sentencia fue adoptada por la mitad de los votos en contra, por lo que debió someterse a una nueva sesión para su discusión y deliberación.
El Tribunal Constitucional reconoció que las instancias judiciales que vieron el caso prescindieron de algunas pruebas, lo que condujo a un juicio que puso en entredicho la salvaguarda de garantías constitucionalmente consagradas como el derecho de defensa y el principio acusatorio.
En tal sentido, precisaron que no admitir el escrito de contestación del expresidente de la República vulneró los principios de presunción de inocencia y contradicción, así como el derecho de defensa.
Los acusados fueron condenados en agosto de 2020 debido a una transferencia irregular de 500 millones de dólares del BNA a la cuenta de una empresa privada extranjera con sede en Londres.
La defensa alegó que dicho trámite fue orientado por el entonces presidente de la República, el ya fallecido José Eduardo Dos Santos.
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