El portal R7 indica que, en total, fueron 180 mil 881 casos el pasado año, contra 169 mil 709 en 2022, lo que representa un aumento del 6,58 por ciento, identificado en cuatro de las cinco regiones del país.
Tal tema afloró nuevamente después que el Senado aprobara una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), la cual criminaliza la posesión y el porte de cualquier cantidad de estupefacientes ilícitos.
Los estados que registraron los mayores porcentajes, todos del Nordeste, fueron Paraíba, con 47,01 por ciento, Piauí (39,34) y Sergipe (37,66).
Con los menores porcentajes aparecen Amapá, con 0,26 por ciento, Roraima (0,28) y Acre (0,39).
Solamente el centro-oeste presentó reducción en el número de ocurrencias, en el orden de un 4,74 por ciento en comparación con 2022.
De las demás, el norte tuvo el mayor aumento porcentual, con 14,10 por ciento, seguido del sudeste (8,78). El pleno del Senado aprobó el 16 de abril la PEC que penaliza la posesión y el porte de cualquier cantidad de droga ilícita.
De autoría del presidente de esa asamblea legislativa, Rodrigo Pacheco, la propuesta es vista como una respuesta al juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la despenalización del porte de marihuana para uso personal.
Por ser una enmienda a la Constitución, el texto pasó por dos votaciones en el Senado.
En la primera, obtuvo 53 votos a favor y nueve en contra. En la segunda, la amplia mayoría se mantuvo, con 52 pareceres a favor y nueve en contra. Ahora, el documento será enviado para el análisis a la Cámara de Diputados.
La PEC añade al artículo quinto de la Constitución el texto: «la ley considerará delito la posesión y el porte, independientemente de la cantidad, de estupefacientes y drogas afines sin autorización».
En la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el relator Efraim Filho incorporó una enmienda en el contenido para garantizar que haya una distinción clara entre traficantes y usuarios de drogas.
Filho acató la sugerencia del senador Rogério Marinho de que esa diferenciación sea basada en las circunstancias específicas de cada caso. Quién va a determinar ese contraste entre usuario y traficante es la policía.
El porte de drogas para consumo propio también está siendo analizado por el STF. Sin embargo, una solicitud de vista el pasado día 6 hizo que el juicio fuera suspendido. Hasta ahora, cinco votos consideran inconstitucional criminalizar el porte de marihuana para uso personal.
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