De acuerdo con el fiscal general, Hélder Pitta Gróz, en el caso de Vicente laboran en los certificados para su inicio, mientras que en el de Kopelipa solo se espera por el juicio.
El ex vicepresidente está presuntamente acusado por corrupción activa, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, derivado de la Operación Fizz, lanzada por Portugal en 2018, dentro de la cual se considera que corrompió al exfiscal portugués Orlando Figueira con un pago de 760 mil euros para que cerrara dos investigaciones.
En tanto, Kopelipa está acusado de los delitos de malversación, fraude, falsificación de documentos, tráfico de influencias, asociación ilícita y abuso de poder, en la causa registrada con el número 004/23.
El fiscal general explicó a la prensa la víspera, al margen de una sesión plenaria del Consejo Superior del Ministerio Público, que la Procuraduría concluyó la apertura de tres procesos contra la empresaria Isabel dos Santos, uno de ellos relacionado con la gestión de la petrolera Sonangol.
Ya está redactado el escrito de acusación y antes de acudir a los tribunales la acusada fue notificada mediante el envío de un exhorto a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, cuya respuesta se espera actualmente, comentó.
Enumeró los casos contra la empresaria, donde el primero es una orden de embargo cautelar, decretada por el Tribunal Provincial de Luanda en diciembre de 2019; el segundo es el correspondiente a la gestión como presidenta del Consejo de Administración de Sonangol, y el tercero una medida cautelar civil.
Dos Santos podría responder por delitos como malversación, fraude cualificado, abuso de poder, falsificación de documentos, asociación criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal entre 2016 y 2017, mientras presidía la petrolera angoleña.
En la jornada, Pitta Gróz también expresó preocupación por la ejecución de la sentencia del empresario luso-angoleño Carlos São Vicente, quien cumple condena de nueve años por malversación de fondos, fraude fiscal y blanqueo de dinero; además de tener que pagar una indemnización de 500 millones de dólares.
En este caso la justicia angoleña trabaja con varios países para recuperar cerca de dos mil millones de dólares depositados en bancos de Portugal, Singapur, Dubai y Bermudas.
El fiscal general afirmó que el país tiene los medios para demostrar de dónde vino ese dinero y cómo llegó a esos lugares, pero además de las dificultades para liberar elevados montos de dinero, existen complicaciones vinculadas a las leyes de esos países.
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