Por Carmen Esquivel
En un encuentro efectuado en el Centro Cultural de España y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, comunidades originarias denunciaron la violencia estructural y criminalización que sufren en sus respectivos territorios.
La reunión se realiza previo a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú COP 3, que comienza el lunes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La abogada Iris Olivera, vocera de la Institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de Perú, declaró a Prensa Latina que los pueblos autóctonos reclaman tener un espacio en la mesa directiva del tratado en la Cepal.
También demandan un caucus (asamblea) indígena donde puedan plantear sus problemáticas y contar con un relator especial, dijo.
Olivera afirmó que las propias organizaciones indígenas han identificado a la región como una de las más agresivas hacia los activistas medioambientales, violencia que llega también a las mujeres, niños y adolescentes.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), durante los últimos 10 años murieron mil 335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en sectores de hidrocarburos, forestal y minero.
También en zonas de desarrollo de proyectos de infraestructura vial que potencian actividades ilícitas como la tala y la minería ilegal, narcotráfico y redes del crimen organizado transnacional.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como de Escazú, fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre en 2018 y entró en vigor en 2021.
Hasta el momento ha sido firmado por 24 países de la región y cuenta con 15 Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. jcm/car
