Este lunes, el Municipio de Quito informó que los apagones, que se aplican a nivel nacional, también afectan el suministro de agua potable en barrios de esta capital.
También el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz, alertó la pasada semana que los cortes de electricidad dejan pérdidas estimadas de 20,6 millones de dólares por hora al sector productivo.
En una entrevista a la emisora Radio Sucesos, Díaz señaló que no solo las empresas están sufriendo pérdidas, sino también las personas que dependen de su trabajo diario para llevar sustento a sus hogares.
Este viernes, tras varias jornadas de apagones, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en todo el territorio nacional, medida que durará 60 días y permitirá la militarización de las centrales hidroeléctricas.
La disposición llegó en medio de denuncias, por parte del Gobierno, de un supuesto sabotaje en el sector eléctrico poco antes de la consulta popular y referendo de este domingo 21 de abril.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró en una entrevista al canal local Teleamazonas que “abrieron las compuertas” del embalse Mazar, uno de los más grandes e importantes del país, pero expertos señalaron que técnicamente eso es imposible.
El Gobierno se empeña en afirmar que la represa fue vaciada deliberadamente como boicot contra la consulta popular, un proceso clave para el futuro del mandatario y del país.
El Ministerio de Energía informó que este sábado los racionamientos serán de menor duración que en días pasados.
Durante la jornada de votación de este domingo los apagones fueron suspendidos, sin embargo, desde esta mañana en ciudades como Quito, los cortes son de siete horas.
La víspera, en medio de la sequía en las zonas donde se encuentran los principales embalses, hubo precipitaciones que mejoraron el caudal de los ríos y mejoraron las reservas.
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