La medida suele aplicarse cuando los indicios de culpabilidad hacen posible que el investigado se fugue u obstruya la investigación y fue solicitada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La solicitud argumenta que el peligro procesal por la probable pertenencia de Benavides a una organización criminal “ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”.
El arraigo forzado de la cuestionada fiscal se anunció al final de una jornada en la cual, desde la madrugada, se desarrolló la llamada Operación Valkiria II, consistente en la detención de siete involucrados en lo que la Fiscalía Anticorrupción considera una organización criminal corrupta.
La operación, a cargo de 23 fiscales y un centenar de policías de la unidad al servicio de la citada Fiscalia, incluyó el allanamiento de 21 casas y oficinas.
El expediente que justificó la orden judicial que autorizó los allanamientos y las detenciones, refiere que Benavides encabezaba una red de corrupción en el Ministerio Público que cometió delitos diversos al recibir sobornos a cambio de archivar investigaciones.
La red denunciada también cambiaba a fiscales para favorecer a investigados, también a cambio de dinero, según las pesquisas del Ministerio Público.
Benavides rechazó la operación y la calificó como una burda maniobra concertada a fin de presionar a la Junta Nacional de Justicia para que destituya a la cuestionada fiscal, tras un proceso disciplinario.
En similares términos se pronunciaron los abogados que defienden a la fiscal en el proceso disciplinario, encabezados por el político derechista Jorge del Castillo, quien sostuvo que la destitución de Benavides no alcanzará los votos necesarios, es decir la mayoría calificada de sus integrantes.
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