La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar un recurso presentado por varias entidades de explotación pesquera para impugnar una decisión gubernamental que extiende las fronteras del Parque Nacional Isla del Coco y crea el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos y Regionalización.
El Tribunal tico, también conocido como Sala IV, desestimó en su sentencia la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 43368 del Ministerio de Ambiente y Energía, argumentada por las Asociaciones Cámara Nacional de la Industria Palangrera, Pescadores de Palangre de Cuajiniquil y Pescadores Artesanales de Puntarenas.
La CSJ desestimó en un comunicado los argumentos de dichos entes de extracción y producción de riqueza marina, respecto a que el decreto violaba artículos de la Carta Magna sobre potestad reglamentaria, reserva legal, libre empresa, derecho al trabajo, inocencia, legalidad, razonabilidad, confianza legítima y pro homine.
Los jueces constitucionales legitimaron la disposición del Gobierno al comprobar que este desarrolló un proceso de consulta previo al dictado del decreto, en el que se dio amplia participación al sector pesquero y este pudo “formular dudas, solicitar audiencias adicionales y aportar pruebas».
Las investigaciones técnicas -según el comunicado- demostraron la viabilidad del decreto, que brinda mayor protección al Parque Nacional Isla del Coco y al Área Marina Bicentenario, y lo estimaron “necesario, idóneo, razonable, proporcional y ajustado a los medios y fines por los que se dictó”.
Una nota del periodista Alonso Martinez del diario local Delfino destacó la relevancia del rechazo judicial a la impugnación contra la política oficial de preservar el parque nacional Isla del Coco, enclavado en aguas el océano Pacífico, a 532 kilómetros de la costa de Cabo Blanco y además de dichas regiones.
Científicos de todo el planeta consideran esa reserva, extremadamente lluviosa y cubierta de un bosque siempre verde, como un laboratorio natural para el estudio de la evolución de las especies.
El Parque Nacional Isla del Coco que origina el litigio fue creado por el Decreto Ejecutivo 8748-A de junio de 1978 y abarca otras islas e islotes aledaños, más una extensión de territorio marítimo circundante de dos mil 400 hectáreas en la parte terrestre y 97 mil en la marina.
Estudiosos locales suman a la riqueza natural de esta región el origen controvertido de su nombre, pues algunos lo explican por la gran cantidad de cocos de la isla, y otros asocian la abundancia de agua en su fruto con la gran cantidad de ese líquido natural en más de dos mil cascadas durante eventos lluviosos.
Los científicos calculan que Costa Rica posee en su territorio de 51 mil 100 kilómetros cuadrados un seis por ciento de la biodiversidad mundial, con unas 500 mil especies, 227 de ellas correspondientes a mamíferos.
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