La normativa tiene como objetivo fortalecer la conformidad y la eficacia del sistema nacional de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, ajustando el marco jurídico de referencia.
Al respecto, la secretaria de Estado de Ciudadanía y Derechos Humanos, Ana Cardoso, significó que el cuerpo legal ajusta la legislación angoleña a los instrumentos jurídicos internacionales de prevención y lucha contra ese flagelo, en un contexto de riesgo inminente en las regiones centro y sur del continente africano.
La ley debe favorecer las soluciones institucionales para una mayor seguridad y certeza jurídica en el tratamiento de las prácticas que puedan constituir delitos de financiación del terrorismo, y contribuir a fortalecer los mecanismos de identificación, evaluación y mitigación de los factores de riesgo.
Se trata de un paso fundamental para el refuerzo de la estabilidad y resiliencia del Sistema de Justicia y del Sistema Financiero angoleños, así como para la materialización de los compromisos del Ejecutivo asumidos en los instrumentos rectores de la política gubernamental nacional.
El texto aprobado este jueves modifica la Ley 19/17, de 25 de agosto, de Prevención y Lucha contra el Terrorismo, e introduce cambios específicos en los artículos 19, 26, 29 y 36.
lam/kmg
