El cuerpo legal, que criminaliza la explotación ilegal de recursos minerales y define procedimientos rápidos para la confiscación y apropiación a favor del Estado de los instrumentos y productos del crimen, contó con el respaldo del grupo parlamentario del Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) y del Partido Humanista (PHA).
En tanto, el grupo del partido Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) se mostró contrario, por considerar que “defiende únicamente los intereses de una clase minoritaria de poderosos” y “privará a miles de familias pobres de sus medios de subsistencia y de un acceso equitativo y legítimo a la riqueza y la prosperidad”.
Añadieron que se trata de una norma “injusta, antipatriótica y que no expresa la voluntad soberana de la mayoría real de los ciudadanos”.
El grupo parlamentario mixto, integrado por el Partido de Renovación Social (PRS) y el Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA), al explicar la abstención mostró inquietud por la existencia de más de un millón de mineros ilegales, de acuerdo con las fuentes gubernamentales, la mayoría de ellos extranjeros.
Llamó a estar atentos a estos fenómenos, pues están relacionados con la seguridad nacional y la soberanía, pero exhortó a combatir, más que la minería ilegal, las causas que provocan que este tipo de actividad prospere.
El Ejecutivo promovió la legislación tomando en cuenta que los tipos legales de delitos mineros vigentes no cubren todos los fenómenos que ocurren actualmente, lo cual impide una protección efectiva de estos bienes.
La intención es que la normativa contribuya a desincentivar y criminalizar esas conductas que tienen un impacto nocivo sobre el medio ambiente, la vida humana, la salud pública, el sustento de las comunidades, la economía y el desarrollo.
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