«Sin palabras: el ingreso de militares a Uruguay necesita aval parlamentario. Consultamos al Ministro de Defensa por este barco de EEUU no autorizado y dice que ‘se enteró por la prensa'», dijo el diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Defensa, Carlos Rodríguez en su cuenta de X.
Ingresa flota estadounidense sin autorización parlamentaria violando la Constitución uruguaya, dijo por su parte la diputada Micaela Melgar, quien agregó que están analizando «qué acciones tomar».
Melgar dijo al diario El Observador que el lunes tratarán el tema en conjunto con el Senado y pedirán «explicaciones» sobre por qué no hubo trámite parlamentario.
En 2023 el barco militar también ingresó a Uruguay y en ese caso el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Asamblea General del Parlamento para pedir la autorización del atraque.
Para entonces el Frente Amplio votó en contra, aunque sus votos no pudieron impedir su entrada.
El anuncio del arribo del Cutter James corrió a cargo de la embajada estadounidense en su cuenta en X, que argumentó una visita programada al puerto de Montevideo.
Según la fuente, la embarcación participa en maniobras marítimas junto a otros países que no especificó.
Recientemente el Senado aprobó el ingreso a Uruguay de entre ocho y 10 militares de las fuerzas especiales estadounidenses del 7 de abril al 16 de mayo para ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea Uruguaya. La presencia de los uniformados estadounidenses ocurre en el contexto del refuerzo de la cooperación con Washington en materia de defensa, impulsada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Con ese propósito el entonces ministro de Defensa, Javier García, visitó el Pentágono el año pasado.
La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, estuvo en febrero último en esta capital y se pronunció por fortalecer los nexos en temas de seguridad.
Hace unas semanas el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, firmó en Washington un memorando de entendimiento con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
El acuerdo podría ser la antesala del retorno de las actividades de la DEA en este país sudamericano.
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