En declaraciones a Prensa Latina, el titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, indicó que en ese camino está el uso de las facturas electrónicas, un plan piloto que la actual administración heredó de la anterior con 20 contribuyentes y hasta este mes ya suman 90 mil, un 40 por ciento de ese sector.
Dejamos al nuevo Gobierno que resulte electo en los comicios del 5 de mayo un grupo de trasformaciones que facilitan el pago de impuestos de contribuyentes y también un aporte al tesoro Nacional, remarcó.
A saber, la DGI estimó recientemente que hay 600 millones de dólares solo en evasión fiscal en materia de impuestos de servicios.
Informes recientes de la institución pública, consultados por esta agencia informativa, señala que la DGI en el último año emitió medidas cautelares que superan los 43 millones de dólares, solo en evasión fiscal.
De acuerdo con el reporte, estos procesos están relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios, así como irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
De Gracia indicó que prefiere traspasar al nuevo Ejecutivo la política de no perseguir a los incumplidores, sino invitar al contribuyente a que se sume a la digitalización de la factura electrónica de forma voluntaria.
La herramienta tecnológica, según otras estadísticas, podría representar recaudaciones en el orden de los siete mil 500 millones este año y tal vez dejar las bases sentadas para un nuevo concepto en tributación que se avecina con la economía digital.
En un acto organizado por Credicorp Bank donde se presentó una novedosa aplicación (Dmóvil) que simultanea la emisión de factura electrónica y el pago en puntos de venta, el funcionario señaló que cerrará sus funciones en la DGI con recaudaciones por encima de lo presupuestado.
También se refirió a los esfuerzos que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al que se subordina la DGI, que posibilitaron que en octubre pasado se excluyera a la nación canalera de las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde permanecía dese 2019.
Todavía está pendiente la permanencia de Panamá en los listados discriminatorios de la Unión Europea, un asunto que deberá resolverse en 2025, dijo, luego que podamos ser sometidos a un nuevo control por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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