A través de un comunicado, el SNAI manifestó que en todos los centros de privación del país «está garantizada la alimentación» de todos los presos.

La entidad agregó que las autoridades penitenciarias han implementado medidas para cumplir y garantizar este servicio, en concordancia a la normativa legal vigente.

Sin embargo, este viernes, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ) afirmó que existe un “genocidio contra la población encarcelada” y exigió al Gobierno del presidente Daniel Noboa cumplir con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución.

En un comunicado, al cual tuvo acceso Prensa Latina, CPAZ señaló que existe una grave violación a los derechos humanos de más de 30 mil hombres y mujeres, algunas de ellas en estado de gestación y lactancia cuya situación se ha agravado en las últimas semanas.

“Literalmente se están muriendo de hambre al recibir una sola comida al día y sin acceso al economato por falta de funcionamiento”, indicó el colectivo que alertó también de la falta de medicamentos y atención médica.

Esta semana, familiares de personas privadas de libertad se congregaron en Quito, en las afueras del SNAI, para denunciar que no contrataron a tiempo a proveedores de comida para los reos.

Desde que el 9 de enero pasado el presidente Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno, el control de las penitenciarías está en manos de las Fuerzas Armadas.

Según expertos y activistas, las cárceles pasaron de estar en manos de los cabecillas de las bandas criminales a un control militar en el cual no hay garantías de derechos.

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