El Pleno del Legislativo leyó el martes pasado la iniciativa 6377 con sus 30 artículos y tres libros y la remitió a la Sala Legislativa de Asuntos vinculados con las votaciones en el país para su estudio y dictamen.
La Comisión, presidida por el diputado Ignacio Quijada, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió al día siguiente para conocerla.
Entre los temas propuestos aparecen responsabilidad financiera, derechos de los partidos políticos, control y fiscalización del financiamiento, regulaciones sobre este, sanciones, multas y autonomía del ente rector de los comicios.
Los integrantes de esa sala acordaron que analizarían iniciativas que también plantean reformar la normativa, así la 6332 presentada por el congresista José Inés Castillo, igualmente de la UNE.
Además la 5059, promovida en su momento por el exdiputado Roberto Villate, del partido Libertad Democrática (Líder), y luego emitirán un dictamen conjunto con los tres documentos.
Este lunes la Comisión Legislativa escuchará a los ponentes de cada una, mientras contempla emitir un veredicto y pasarlo al Pleno antes del 15 de mayo, fecha en que finaliza el primer período de Sesiones Ordinarias del presente año.
“Si esa reforma (de 2020) se hubiera consumado, no hubiéramos tenido muchas falencias en el proceso electoral de 2023”, expresó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Mynor Franco y lamentó que los diputados no le dieron entonces la importancia debida a esa iniciativa.
En el marco de las reuniones de la Comisión de Actualización y Modernización de las Elecciones (CAME), la magistrada Irma Palencia señaló la cantidad de acciones presentadas durante el proceso electoral 2023.
“Lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento del TSE y una reingeniería dentro de lo que fue creado, porque tras 40 años el modelo necesita nuevo oxígeno y una estructura, pero dentro del tribunal y que verdaderamente sea supremo”, acotó.
En febrero de 2021, el entre encargado de los sufragios entregó una iniciativa de reformas a la Ley Electoral, producto de la CAME, la cual contempló un cambio a 46 artículos.
Llegó a la Comisión relacionada del Congreso, que en agosto del año siguiente dictaminó favorablemente con modificaciones, aunque ya no se volvió a conocer en el Pleno, según expertos por el impacto de la Covid-19.
En la presentación de la CAME esta vez, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó la atención sobre tres problemas identificados “y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo”, remarcó.
“Tomemos la determinación de que nunca más (haya) un intento de la vulneración de las instituciones de la democracia por parte de grupos criminales. Nunca más”, concluyó el jefe de Estado.
jf/znc
