Yáñez debía ser formalizado este 7 de mayo, sin embargo, a solicitud de la Fiscalía un tribunal postergó la audiencia para el 1 de octubre, 50 días antes de que cumpla su período al frente de la institución.
La decisión se adoptó a raíz del asesinato de tres carabineros en la región del Biobío el sábado reciente y la demanda de sectores, sobre todo de la derecha, de mantener al general en el cargo.
En opinión del abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón esta decisión revela la fragilidad del sistema legal, donde la política parece tener un control desmedido, y la igualdad ante la ley se ve socavada.
Rendón consideró como un pretexto vergonzoso el anunciado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre la necesidad de dar más tiempo a las defensas para prepararse y recordó que dos recursos presentados en ese sentido fueron rechazados con anterioridad.
Al general se le sindica por la omisión de delitos, como los de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios en el contexto de las protestas de hace cuatro años, cuando era director de Orden y Seguridad en la policía militarizada.
Esas manifestaciones contra las desigualdades sociales y el modelo neoliberal fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con saldo de unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
Para la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, es una vergüenza el aplazamiento de una formalización anunciada ya hace cinco meses.
De acuerdo con Hertz, es peligroso para la institucionalidad que la Fiscalía aplace audiencias para darle el gusto a un sector político.
En opinión del doctor en derecho Claudio Nash, usar un crimen atroz como una excusa para evitar cumplir con las cargas frente a la justicia, va más allá de lo legal y cruza la línea con la ética pública.
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