El episodio inspiró la tentativa golpista del 8 de enero de 2023, cuando adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.
Viajan a Washington la senadora Eliziane Gama, que relató la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los episodios antidemocráticos, el congresista Humberto Costa y los diputados Jandira Feghali, Henrique Vieira, Rafael Brito y Rogério Correia.
La agenda del grupo debe incluir una visita al National Museum of African History, que tiene una exposición sobre el ataque del 6 de enero de 2021, con artefactos de aquel día.
En la ocasión, Trump estimuló el ataque al Parlamento al no aceptar la derrota en las urnas ante el presidente Joe Biden. Cinco personas murieron en las embestidas.
Los legisladores brasileños tendrán agendas marcadas con Jamie Raskin, que presidió la CPI estadounidense, el demócrata Bernie Sanders, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.
«Esperamos volver con una construcción sólida para combatir con más solidez a las embestidas de la extrema derecha», afirmó Gama.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, simpatizantes extremistas de Bolsonaro atacaron y saquearon el 8 de enero de 2023 el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Por los episodios antidemocráticos, la Corte Suprema condenó hasta la fecha a 206 personas, con penas que varían de 12 a 17 años de prisión, y juzgó hasta el viernes a otras 10.
Además, más de mil 113 denuncias fueron suspendidas, para que la Procuraduría General de la República evalúe si va a proponer acuerdos que eviten la sanción.
Los actos extremistas dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (un poco más de cuatro millones de dólares).
También en las condenas, el STF establece el pago de una multa de 30 millones de reales (seis millones de dólares), dividida entre todos los reos, por daños colectivos.
En los votos de condenas, el relator de esas acciones, el ministro Alexandre de Moraes, afirmó que la respuesta estatal no puede fallar en cuanto a las reprimendas.
«La dimensión del episodio suscitó manifestaciones oficiales de líderes políticos de innumerables países, de líderes religiosos, de organizaciones internacionales, todos, ciertamente, atentos a los impactos que las conductas criminales de esa naturaleza pueden brindar en el ámbito global», subrayó.
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