La bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC) recordó que, conforme al artículo 419 de la Constitución, es obligación del Gobierno solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) en lo relativo a tratados internacionales, sobre todo aquellos que comprometan la política económica del Estado a condiciones impuestas por entidades internacionales.
Mediante un comunicado, la RC señala que ese paso es crucial para asegurar un pacto en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo y que respete la soberanía económica nacional. Los asambleístas de la RC reconocen que actualmente Ecuador enfrenta un enorme desafío financiero, con compromisos de pago al FMI que ascienden a siete mil 228 millones de dólares en los próximos cinco años, incluyendo pagos de 900 millones este año y mil 579 millones el próximo.
Sin embargo, la organización alerta que esos pagos se están realizan en detrimento de la inversión pública.
Asimismo, advierte que con el nuevo acuerdo que busca el gobierno del presidente Daniel Noboa de cuatro mil millones de dólares, la deuda de Ecuador con el FMI se elevaría en un 51 por ciento y alcanzaría un total de 11 mil 949 millones de dólares.
Es esencial cuestionar la sostenibilidad de esta deuda y su impacto en la soberanía nacional, apunta la RC y cuestiona si “los términos de este nuevo acuerdo comprometen de manera desproporcionada la autonomía económica en comparación con otros compromisos internacionales pasados”.
La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que llegó a un acuerdo técnico con el FMI para lograr un desembolso que tendría un plazo de 48 meses y se enmarca dentro del programa Servicio Ampliado del FMI (SAF).
El economista Marco Flores advirtió en su cuenta de la plataforma X que el nuevo préstamo servirá para pagar al propio organismo internacional parte de lo que Ecuador le debe a esa entidad, lo cual consideró correcto.
“Lo malo sería que Ecuador use el crédito sólo para este propósito y no reserve parte importante del financiamiento para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo atrapados por un estancamiento que se agrava con los apagones”, subrayó el experto.
En su opinión es inaceptable aceptar un programa económico de ese tipo su el crecimiento este 2024 será apenas del 0,1 por ciento.
El «austericidio» siempre es social y económicamente letal para los pobres y las personas de menores ingresos, aseveró Flores.
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