El juez de investigación preparatoria escuchó los alegatos del fiscal Marcial Páucar y de la investigada por los cargos de encabezar una organización criminal y cometer presuntos delitos de cohecho y otras imputaciones.
Páucar sustentó la posición de la Fiscalía referida al riesgo de fuga de la fiscal suspendida, planteado ante la posibilidad de que se le condene a 34 años de cárcel.
El representante del Ministerio Público señaló que sin esa medida preventiva, además, la plena libertad daría lugar al escape de Benavides, lo cual pondría en peligro las investigaciones en curso.
Hizo notar además el hecho de que tras ser suspendida, Benavides registró la casa de su propiedad como vivienda familiar, con el fin de impedir su embargo judicial, usualmente aplicado como garantía de pago de una posible indemnización al Estado.
La imputada, por su parte, dijo que no pretende escapar del sistema de justicia ni teme una decisión judicial adversa, al parecer confiada en el apoyo abierto que recibe de la mayoría conservadora del Congreso (parlamento) y de un sector del sistema de justicia y de la prensa.
Sostuvo que el pedido de impedimento del país se basa solo en declaraciones de un colaborador de la Fiscalía, en referencia a Jaime Villanueva, quien fuera su principal asesor y ha declarado en su contra.
Benavides declaró ayer que su error fue confiar en la persona equivocada (Villanueva) y sugirió que los delitos los cometió el asesor.
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