La marcha, que salió del Capitolio hasta llegar a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, incluyó sindicatos del sector público y privado, que condenaron la legislación antiobrera que reduce y elimina derechos laborales.
«Repudiamos las medidas abusivas que el gobierno y la clase patronal del sector privado han implantado en Puerto Rico y condenamos la alianza entre la Legislatura, el gobernador y la junta de control fiscal que han provocado que vivamos en mayor pobreza y mayor emigración”, adujeron los gremios en una declaración conjunta.
En antesala a las elecciones primarias de los partidos políticos, los trabajadores recordaron la congelación por más de una década de los salarios y la negociación colectiva, al tiempo que se ha permitido que gobierne la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Washington hace más de siete años, al punto de “intervenir en la negociación colectiva evitando acuerdos de justicia salarial”.
A la vez, indicaron, las autoridades gubernamentales puertorriqueñas, incluida la Legislatura, “han sido cómplices de los aumentos abusivos en los servicios de agua, luz y peajes”.
Igualmente aprobaron una reforma laboral que reduce derechos a los trabajadores del sector privado y no han sido capaces de defender las enmiendas convertidas en ley, al tiempo que impulsaron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que terminó con la imposición del contrato leonino con LUMA Energy, un monopolio privado.
Recordaron que la imposición del monopolio de LUMA Energy y GeneraPR ocasionaron el desastre del servicio de energía eléctrica.
También destruyeron, según los dirigentes sindicales, los sistemas de retiro de los empleados públicos y, mediante engaño, más de 10 mil empleados públicos fueron excluidos para acogerse al retiro incentivado de la Ley 80 de 2020.
De esta forma, discriminaron a los empleados públicos de mayor experiencia, al excluirlos de los aumentos salariales a través de unos arbitrarios planes de clasificación y retribución.
Igualmente, los gobiernos que en el último medio siglo controlaron los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) han generado una enorme deuda sin auditar que llevaron al país a la quiebra fiscal.
Toda esta situación, adujeron los dirigentes gremiales, generó el deterioro y la crisis en los servicios de salud, mientras se reduce la aportación patronal para los planes médicos de los trabajadores y permiten que las aseguradoras aumenten sus ganancias en el negocio de la salubridad.
“Han llevado a la legislatura, las agencias, las corporaciones públicas y los municipios al mas alto nivel de politización, de incompetencia y de corrupción”, dijeron frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan.
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