En entrevista concedida al diario Ámbito Financiero, Weiss señaló que el recorte de fondos para la obra pública llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei (de alrededor del 87 por ciento en el primer trimestre del año) está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas del sector, sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto.
Aunque dijo estar de acuerdo con la participación privada en el financiamiento de la infraestructura, el directivo explicó que la experiencia internacional demuestra que la inversión de esos grupos no excede el 15 por ciento y es necesaria una presencia del Estado del 85.
Además, expresó su preocupación por “no vislumbrarse en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones”.
En el caso de las empresas constructoras, la situación pasó de la incertidumbre a la desesperación, afirmó.
Asimismo, señaló que existen empleados bajo un período de suspensión que pudieran quedar sin contratos en los próximos meses.
Cuando decimos que ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo, estamos hablando solamente de obreros de la construcción. A eso hay que agregarle los cuadros técnicos que las compañías tuvieron que despedir por no cumplir el Estado con sus obligaciones de pago, puntualizó.
También explicó que la interrupción de las transferencias de recursos a las provincias afecta los proyectos en esos territorios, pues la dirección del país pretende que las autoridades locales se hagan cargo, no solo de la continuidad y finalización de los mismos, sino también de la deuda que tienen esos contratos.
La obra pública es un motor importante para la actividad económica, genera empleo directo e indirecto y estimula el crecimiento. Paralizarla afecta a las empresas, los trabajadores y a toda la cadena de valor de la industria, que ya experimenta caídas del orden del 50 por ciento. Además, trae graves consecuencias en el mediano y largo plazo para el país, añadió.
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