La indagada insistió en declararse víctima de un complot y una ilegalidad con fines políticos, mientras en las puertas del local de la JNJ decenas de miembros de grupos de civiles y exmilitares de derecha extrema lanzaban arengas a su favor y contra la Junta, cuya función es designar, evaluar y destituir a jueces y fiscales.
La controvertida fiscal y su principal abogado, Jorge del Castillo, notorio político derechista, intentaron en la audiencia desacreditar las acusaciones y a la JNJ, por suspender a Benavides e investigarla por encabezar presuntamente una organización criminal.
El abogado y su cliente evidenciaban que se sienten fortalecidos por la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la inhabilitación por diez años y el consiguiente retiro de los jueces de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez.
La inhabilitación por 10 años fue originalmente aprobada con inusitada celeridad por el Parlamento, cuya mayoría derechista aplaudió la decisión.
Esa mayoría elogia el papel que cumplió Benavides contra el expresidente Pedro Castillo con investigaciones múltiples por corrupción y actualmente preso y acusado de intentar un golpe de Estado.
El retiro de los magistrados Tello y Vásquez se produjo cuando era inminente la destitución de Benavides y además impide que la JNJ tenga quórum para tomar esa medida, a lo que se suma la declinación de los suplentes habilitados para cubrir esas vacantes.
Entretanto, aumentan los indicios que inculpan a la fiscal suspendida, en especial en lo referido al delito de tráfico de influencias.
Uno de los indagados, Marco Huaman, fiscal supremo adjunto de Benavides, confesó, según el diario El Comercio, que por orden de la fiscal entregaba documentos sobre investigaciones a parlamentarios a Jaime Villanueva, principal asesor de la titular.
Villanueva ha confesado que negociaba con legisladores para que voten por decisiones favorables a su jefa a cambio de anular indagaciones por corrupción y otras causas contra los congresistas, lo que ella niega. De otro lado, el diario La República denunció como una maniobra favorable a la fiscal y al Parlamento, al proyecto de ley del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que los postulantes a integrar la JNJ que no ganaron el concurso para lograrlo, sean habilitadas para llenar los vacíos.
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