La Unidad Judicial del Norte de Quito, presidida por el juez Francisco Chacón Ortiz, aceptó las medidas cautelares presentadas por colectivos defensores de derechos humanos para impedir la restricción al acceso de comida a las prisiones.

Las organizaciones y familiares de los reclusos solicitaron que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permita el ingreso de comida y medicinas porque esa entidad estatal no lo garantiza.

En la audiencia, familiares de los reos y activistas insistieron en que la privación de alimentos se suma a las torturas que reciben quienes se encuentran en las penitenciarías.

Desde finales de abril la empresa proveedora de comida a las prisiones dejó de hacerlo por la falta de pago, aunque desde semanas antes los parientes de los encarcelados realizaron denuncias por la ausencia de comestibles.

El juez Chacón determinó que en 15 días el Ministerio de Economía y Finanzas debe proporcionar fondos para cubrir con los procesos de contratación de alimentación.

Asimismo, el magistrado dictó que mientras se resuelven esos problemas, el SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares y facilitar la entrada de los suministros a las cárceles.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este jueves a la empresa proveedora de alimentos a las cárceles, porque según dijo esa firma acumuló 171 millones de dólares presuntamente destinados a financiar organizaciones criminales.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación contra Lafattoria S.A., nombre de la compañía que brindaba el servicio de alimentación en las cárceles.

Tras la denuncia, el titular de esa empresa, Richard Villagrán, sostuvo que la acción es parte de un juego político y aseveró que dejó de suministrar los insumos ante la falta de pago por parte del Gobierno, que adeuda 30 millones de dólares desde noviembre de 2023.

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