Relatores de Naciones Unidas dieron respuesta en un informe a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas ‘leyes de concordia’ que han sido tramitadas por el conservador PP y el ultraderechista Vox.

PP y Vox gobiernan en coalición en las Comunidades Autónomas Valencia, Aragón y Castilla y León, donde quieren implantar las denominadas leyes de concordia, que, según la ONU, pueden invisibilizar las ‘graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista’.

Ante la preocupación expresada a la ONU por el Gobierno nacional que lidera el socialista Pedro Sánchez, tres relatores se pronunciaron de manera inequívoca sobre el asunto.

‘Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de derechos humanos (..)”, apuntaron los expertos consultados.

En particular, la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, añadieron.

Asimismo, en torno a los proyectos del PP y Vox en esas regiones, los relatores conminaron al Gobierno de Sánchez a que adopte ‘todas las medidas necesarias’ para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.

Los tres altos funcionarios de la ONU encargados son el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la responsable del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

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