Según medios locales de prensa, cinco hombres armados recorrieron algunas aulas, y luego llegaron hasta el salón donde estaba la directora del plantel, a quien exigieron cinco mil dólares a cambio de no atentar contra ella, otros docentes y alumnos.
De acuerdo con información preliminar, tras las amenazas, los hombres huyeron y varios de los padres retiraron a sus hijos de la escuela, en medio de pedidos para que la jornada sea virtual.
Entretanto, durante el acto de inicio del nuevo período escolar en esa región, el presidente Daniel Noboa aseguró que la violencia ha disminuido en las calles de esta nación sudamericana.
“Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, menos muertes violentas, hemos reducido significativamente los feminicidios y las extorsiones”, aseguró el mandatario.
Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que unos tres mil 526 servidores policiales se destinarán para brindar seguridad en temas educativos, especialmente de prevención.
Palencia señaló que los uniformados estarán a cargo de mil 537 unidades educativas que retornaron a clases en la Costa. Además -dijo- 38 unidades educativas de 13 distritos tendrán vigilancia especial, a cargo de 400 miembros de la policía comunitaria.
Recientemente, la Red de Educadores de Ecuador advirtió que cerca de 140 maestros en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas fueron víctimas de extorsión, intimidación y amenazas en el periodo lectivo 2023-2024.
El gremio denunció que a la falta de garantías y de seguridad en zonas urbano marginales, se suma la pérdida total de autoridad dentro del aula cuando los propios estudiantes les obligan a ponerles notas por tareas o lecciones que no presentan y la situación cambia poco.
El pasado 27 de marzo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, denunció que en los últimos meses la comunidad educativa ha sido víctima de suicidios de estudiantes, asesinatos de docentes, aumento de robos en espacios educativos, crecimiento de casos de violencia sexual y extorsión.
Esto evidencia un plan Fénix en fracaso y donde el Gobierno no entiende que el enfoque militar, policial y jurídico populista no resolverá los problemas de narcotráfico, violencia e inseguridad. Es necesario un enfoque con políticas sociales y de educación, reiteró el representante de la UNE.
Quishpe también comentó que su gremio realizó un estudio sobre las raíces de los problemas del sector educativo, documentos que han sido remitidos a varias instituciones estatales -dijo- sin recibir una respuesta.
De igual manera, criticó la inexistencia de un plan de reinserción escolar, así como de políticas preventivas para evitar que estudiantes menores de edad sean reclutados por grupos delincuenciales.
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