Tras la primera cadena radiotelevisada nacional del mandatario desde que asumiera el cargo el 14 de enero pasado, el titular de la Comisión contra la Corrupción del gobierno Santiago Palomo calificó el mensaje de contundente.
“El desarrollo del país es obstaculizado por el clima de impunidad que promueve el MP de Guatemala y que protege a una minoría corrupta”, resaltó el jurista y académico.
“Todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas. La fiscal se debe ir”, subrayó Palomo en abierta referencia al pedido de renuncia desde octubre de 2023 de Consuelo Porras, por sus maniobras contra el proceso electoral de ese año.
El ministro de Desarrollo de este territorio centroamericano, Abelardo Pinto, expresó que la reforma del artículo 14 (de la Ley Orgánica del MP) es un paso adelante para poner fin a la corrupción y a la impunidad.
La diputada Laura Marroquín del partido oficialista Movimiento Semilla aseguró que desde el Congreso de la República harán avanzar el mandato de transformación para y por el pueblo de Guatemala.
El también legislador de esa fuerza política Samuel Pérez afirmó que como bancada están listos para apoyar la propuesta del jefe de Estado, quien calificó de crítica su decisión para el futuro nacional.
El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, consideró sin embargo que la ley no tiene efecto retroactivo.
“En el remoto caso de que su proyecto de ley se apruebe, no podría afectar a la Fiscal General”, comentó el activista y empresario de ultraderecha, relacionado aquí con los arrestos de periodistas y fiscales anticorrupción.
Antes de la anunciada comparecencia de Arévalo, el MP emitió un comunicado para informar sobre un amparo presentado ante la Corte Constitucional por “la amenaza real, cierta e inminente” de que el presidente continúe tomando medidas.
Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza “para el Estado Constitucional de Derecho”, remarcó el ente investigativo.
Dada la imposibilidad de poder destituir a Porras, la Secretaría General de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación la denunciaron días atrás ante la Corte Suprema de Justicia por posible incumplimiento de deberes.
El pasado 29 de enero Arévalo anunció que se analizarían las acciones legales a emprender después de la visita “frustrada” de la titular del MP a una reunión del Ejecutivo.
Reiteró que su solicitud de renuncia a Porras es pública y notoria, está colocada sobre la mesa, “ella con sus actos define si la acepta o no”, reflexionó el presidente del país.
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