Los legisladores consideraron benévolo el enunciado inicial de imponer de seis meses a tres años de prisión a quien, siendo mayor de edad, realice un acto sexual con un menor a cambio de un pago u otra contraprestación.
En la discusión varios parlamentarios señalaron el incremento de ese tipo de delitos en la sociedad angoleña y valoraron la necesidad de aumentar el límite mínimo de las sanciones como factor disuasorio; una diputada incluso hizo alusión a la posibilidad de la castración.
Los análisis sobre el documento, que pretende actualizar la realidad jurídico-constitucional y hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución, continuarán en una fecha aún no decidida, pues otros aspectos quedaron pendientes.
En ese apartado se encuentra el artículo 197, que trata del delito de recurso a la prostitución de menores, que de acuerdo con una nota de la Asamblea Nacional su discusión fue “suspendida por incompatibilidades”.
En el debate de este martes, donde participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Marcy Lopes, examinaron los cambios que se propone introducir en varios artículos del Código Penal angoleño, aprobado por la Ley 38/20, de 11 de noviembre.
La intención es corregir algunas lagunas, erratas, imprecisiones u omisiones detectadas en el corto periodo de vigencia de la norma jurídica, así como para adecuar el panorama de penalización de determinados delitos al concepto de “delitos subyacentes”.
Otro de los objetivos de la modificación es que el marco jurídico del país se ajuste a las conclusiones del Proceso de Evaluación Mutua de la Conformidad y la Eficacia del Sistema Nacional de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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