Un día después de que el mandatario nacional presentara ante el Congreso (unicameral) una iniciativa de Ley para reformar la Ley Orgánica del ente investigativo, la funcionaria calificó las acciones en su contra de espurias, maliciosas y antidemocráticas.
En un mensaje al país junto a los fiscales del MP, Porras consideró que los pasos dados denotan un enorme desconocimiento de la legislación y, además, ponen de manifiesto intereses individuales.
Remarcó que el organismo que dirige cumple con su función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Ley y trabaja fuerte y firme día por día para llevar justicia a toda la población.
Arévalo y la vicepresidenta de este territorio centroamericano, Karin Herrera, no están ni estarán por encima de la ley, afirmó, y expuso que en más de 100 días de Gobierno aún siguen sin presentar una sola denuncia de corrupción.
Su equipo solo puso 19, de las que aproximadamente 10 ya estaban siendo investigadas por el MP, aseveró Porras, mientras descartó que fuera ese un resultado satisfactorio, ni acorde a la narrativa contra ese flagelo de Arévalo.
Estimó que los diputados deben tomar sus decisiones basados en la Ley y que cualquier presión “en español o en inglés” es contraria a la democracia y a los pilares bajo los cuales descansa un Estado constitucional.
Instó a la actual administración de Guatemala a que se enfoque en la gobernanza y cumpla con los fines que les impone la Carta Magna y deje de acusar al MP “de las problemáticas que lamentablemente aquejan a la población”.
En respuesta a palabras de Arévalo, Porras garantizó que será un obstáculo para el que quiera vulnerar la democracia, ser corrupto, entre otras.
La también titular del MP compartió una carta enviada por congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power.
En el texto –dijo- llaman “su atención sobre informes que detallan el mal uso de la influencia de la administración en los asuntos legislativos del Congreso de Guatemala”.
Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Usaid –opinó- no tienen autoridad legítima para presionar cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su constitución o valores profundamente arraigados en relación con la vida y la familia.
Además, agregó la Fiscal General, las medidas no deben utilizarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar en un sentido u otro, lo cual situó como una violación de los principios de soberanía y democracia.
El mandatario de Guatemala manifestó antes que sin Porras, a quien denunció por atentar contra los resultados de los pasados comicios, la recuperación del país no va a poder continuar.
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