Todavía no hay previsión de retorno a aulas para la Región Metropolitana de Porto Alegre, capital estadual.
El Gobierno de la división territorial comunicó que 789 escuelas de 216 municipios están afectadas (386 dañadas, 52 sirviendo de abrigo, además de locales con complicaciones de transporte y acceso). Los inconvenientes afectan a 273 mil estudiantes.
Según el último boletín de la Defensa Civil, aparte de la cantidad de fallecidos por el mal tiempo, otros cuatro óbitos están bajo investigación y se notificaron 339 heridos.
El reporte indica que hay, asimismo, 201,5 mil personas fuera de casa. De ese total, son 47,6 mil en refugios y 153,8 mil desplazadas (están en moradas de familiares o amigos).
También el territorio tiene 385 de sus 497 municipios con algún relato de problema relacionado con la inclemencia climática, el cual afecta a un millón 178 mil personas.
La previsión de lluvias para la mitad de esta semana en áreas castigadas por los aguaceros vuelve a poner el estado en alerta.
De acuerdo con la empresa Climatempo Meteorología, el avance de un nuevo frente frío provoca una subida en las condiciones de fuertes precipitaciones. La posibilidad de bajas temperaturas puede dificultar los rescates.
El nivel del río Guaíba, en Porto Alegre, está casi 2,30 metros por encima de la cota de inundación. En la medición realizada este lunes, la altura estaba en 5,26 y el límite para desbordamiento es de tres.
Ante la tragedia, el Gobierno estadual decretó calamidad pública, escenario reconocido por la administración federal.
Con lo anterior, el estado es capaz de solicitar recursos federales para acciones de la Defensa Civil, como asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructuras y restablecimiento de servicios esenciales.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió este lunes al Congreso un proyecto de decreto legislativo que establece situación de calamidad pública en Rio Grande do Sul.
Tal plan, que se extendería hasta diciembre de 2024, retiraría el límite de gastos para los recursos que serán destinados a la reconstrucción del territorio.
En la práctica, el Gobierno de Lula quiere la autorización del Parlamento para transferir recursos a las regiones afectadas sin tener que cumplir con las reglas fiscales definidas por el nuevo marco, aprobado en 2023.
Desde 2021, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo puede pedir calamidad pública presupuestada, con el objetivo de adoptar un régimen fiscal extraordinario para atención de gastos ante desastres y crisis de salud pública.
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