Según el decreto ejecutivo, el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT, coordinará y establecerá los mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán «para cumplir la voluntad popular respecto del Bloque 43».
La mesa de trabajo estará conformada por cinco miembros que representarán a las principales instituciones del Estado a cargo de esta área.
Se trata de las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador.
El decreto establece que todos ellos podrán participar con voz, pero sin voto, cuando lo consideren pertinente y entre sus competencias está coordinar y elaborar el plan de acción, con base en los informes presentados por cada entidad miembro del Yasuni-ITT y los subcomités especializados.
El comité se reunirá una vez al mes en sesiones ordinarias, así como en las sesiones extraordinarias que consideren pertinentes.
El 20 de agosto de 2023, el 58,9 por ciento de los ecuatorianos votó a favor de mantener bajo tierra el crudo en esa zona, considerada la mayor área protegida de esta nación sudamericana.
Recientemente, expertos, académicos y miembros de comunidades indígenas debatieron sobre la necesidad de culminar la actividad petrolera allí ante los intentos del presidente Noboa de extender las labores extractivas por un año más allí, para recibir los beneficios que genera este yacimiento, según el mandatario.
El pasado mes de enero, el Ejecutivo reveló que el Estado requiere más de mil millones de dólares para enfrentar a las bandas criminales, calificadas como terroristas en el país andino.
Por ello, Noboa justificó la extensión de la actividad petrolera en el Yasuní como un beneficio para recibir ingresos en medio del conflicto armado interno, pese a que, mediante una consulta popular, la ciudadanía apoyó la decisión de frenar la explotación petrolera allí.
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