El alargamiento de la medida ocurre luego del arresto de más de 80 mil presuntos pandilleros y colaboradores y pese a que según la Constitución, solo puede extenderse por 30 jornadas una vez impuesto.
Esta es la vigesimoséptima ampliación de la que es considerada la medida fundamental para el combate a las pandillas y que despierta innumerables críticas en el país y en el exterior por supuestamente propiciar violaciones a los derechos humanos.
En su primera sesión extraordinaria del ciclo 2024-2027, el legislativo alargó hasta el 9 de junio una acción cuya legalidad concluía mañana viernes.
El voto en la legislatura de 60 miembros fue de 57 a favor correspondientes a Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, dos abstenciones de Arena y el sufragio en contra de Vamos.
De esta forma, y tras el pedido del gobierno de ampliar este instrumento aduciendo que aún quedan pandilleros libres, El Salvador vivirá 30 jornadas más con suspensión de derechos constitucionales relacionados a la defensa, el tiempo de arresto de los detenidos y las intervenciones telefónicas sin orden judicial.
La medida pasó al pleno luego que el parlamentario Christian Guevara, jefe de la bancada de NI, solicitara su aprobación con dispensa de trámites, un mecanismo utilizado en la anterior legislatura en más de 400 oportunidades para evitar el debate en comisión.
El principal alegato para mantener la aplicación de la normativa es que, según el Ministerio de Justicia y Seguridad, se mantiene el riesgo de las pandillas, a lo que se suma el combate y capturas de miembros de estas vinculados con el tráfico ilícito de drogas.
Durante el escaso debate de este jueves, el diputado Francisco Lira (Arena) llamó a sus colegas y a las instituciones de seguridad a construir una legislación que “nos permita volverles a brindar las garantías necesarias a todas esas personas inocentes que están guardando prisión».
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