Del total, 70 están en investigación, seis fueron desestimados y ocho se encuentran en proceso de que el ente encargado les asigne número de expediente, precisó el oficial Diario de CentroAmérica, que cita la información en una plataforma digital lanzada esta semana.
El tablero de esos casos de sospecha por un mal uso de los recursos públicos puesto en marcha por la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) detalló que el 40,5 por ciento (34) guarda relación con los sectores de infraestructura.
El 23,8 (20 denuncias) se vincula a la salud, un 11,9 (10) al desarrollo social, mientras que de conjunto representan el 76,2 por ciento.
También aparecen en el sitio web cinco de educación, tres de comunicaciones, igual cantidad de trabajo, dos de agricultura y uno administrativo.
Estos elementos –expuso el medio de prensa- contradicen lo expresado el pasado martes por la Fiscal General del país, Consuelo Porras, en sus críticas al presidente Bernardo Arévalo.
“En más de 100 días el equipo de gobierno solo ha puesto 19 querellas, de las cuales, aproximadamente, 10 ya están bajo pesquisa” y que la cantidad de acciones legales “no es un resultado satisfactorio, ni acorde a la narrativa anticorrupción” (del mandatario).
La también jefa del MP, acusada por Arévalo de maniobras contra la democracia y punta de lanza del Pacto de Corruptos, descartó más adelante que se vieran avances en salud, enseñanza y seguridad.
El titular de la CNC, Santiago Palomo, consideró, por su parte, fundamental que el ente investigativo asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Calificó de clave la herramienta promovida por ese organismo adscrito a la presidencia para transparentar la gestión del Gobierno en el combate al saqueo del dinero público.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
Además, la adquisición de gradas y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y, por otra parte, las anomalías en la obtención de vacunas contra la Covid-19 Sputnik V.
El presidente de Guatemala, junto a la vicemandataria Karin Herrera, asumieron el pasado 14 de enero hasta 2028 enfocados en la lucha contra la corrupción y con la promesa de una nueva primavera.
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