A través de un comunicado, la Cartera de Estado negó que para autorizar el inicio de la construcción de la obra urbanística se necesitaba de una consulta ambiental, como señalan algunos ambientalistas y expertos en el tema.
De acuerdo con el texto, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) catalogó al proyecto como una actividad que para su ejecución requiere únicamente de un registro ambiental.
Según la normativa, las actividades que requieren registro o certificado ambiental no necesitan consulta ambiental, excepto cuando tengan que ver con minería o hidrocarburos, y este es un tema inmobiliario, reiteró el comunicado.
La construcción del proyecto inmobiliario por parte de la empresa Vinazin, cuya principal accionista es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es hoy motivo de protestas por el impacto medioambiental a manglares de Olón y las consecuencias que podría tener en la comunidad.
La ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi, justificó recientemente el proyecto a través de su cuenta en la red social X, asegurando que esa obra en la comuna de Olón no afectará el área protegida en esa zona.
Según la funcionaria, la zona de implantación del proyecto urbanístico ECHO no corresponde a un área protegida e interseca con el bosque y vegetación protector natural Esterillo Oloncito en un 16 por ciento.
El proyecto denominado Echo, que consiste en un conjunto de cuatro edificios con distintas plantas cada uno e incluiría áreas sociales, verdes, parqueos de visitas, vías de llegada, acceso a la playa, entre otras obras.
Este viernes, miembros de comunidades indígenas, organizaciones sociales y políticas denunciaron al Gobierno de Ecuador ante la Corte Constitucional por incumplir y minimizar demandas ambientales.
El vocero de la comuna de Olón, Simón Velasco, alertó que esa localidad ha sido víctima de represión en los últimos meses y afirmó que se mantendrán firmes en defensa del territorio y que tomarán medidas legales.
Hay que revisar la legalidad de las escrituras de esta propiedad, señaló Velasco, mientras aclaró que al ser una comuna ancestral pueden acogerse a derechos colectivos sobre el proyecto que intenta levantarse en allí.
«El actual gobierno no se instaló para resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, sino sus propios intereses empresariales», denunció también el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.
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