Los legisladores examinarán las propuestas de Estatuto retributivo de los miembros de los órganos y servicios de las entidades locales; de Institucionalización de las entidades locales, y el proyecto de Ley Orgánica de la guardia municipal, refirió el primer secretario de la Mesa del Parlamento, Manuel Dembo.
En conferencia de prensa añadió que igualmente evaluarán la propuesta legislativa de Institucionalización efectiva de las entidades locales, cuya iniciativa corresponde al grupo parlamentario del partido Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita).
Este es un tema que ha estado en el centro de las diferencias políticas entre la Unita y el gobernante Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA), por lo que la discusión en la Asamblea debe estar marcada por esas posiciones.
Los análisis ocurrirán como parte de la quinta reunión plenaria ordinaria de la segunda sesión legislativa de la V Legislatura del Parlamento, según acordó este viernes la Conferencia de Presidentes de los Grupos Parlamentarios, encabezada por la presidenta de la cámara, Carolina Cerqueira.
Dicha Conferencia llamó a la “observancia de la ética y del decoro en el ejercicio de la acción parlamentaria, manteniendo siempre un espíritu de paz y armonía, con el fin de garantizar un ambiente cada vez mejor para alcanzar los objetivos que se esperan” del órgano representativo de todos los angoleños, apuntaron.
En la reunión del 23 de mayo los diputados también debatirán en la generalidad el proyecto que modifica la Ley Antidopaje en el Deporte; mientras que irán a su votación global final la propuesta de alteración de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal, así como el de la Ley de Prevención y Lucha contra el Terrorismo.
De la misma manera se votará definitivamente por el proyecto de modificación de la Ley de Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; y por la iniciativa relacionada con los cambios en el Código Penal angoleño.
Sobre este último los diputados consensuaron la víspera una pena máxima de ocho años de prisión para los delitos sexuales contra menores, además de una condena mínima de tres años de prisión, para que los violadores no puedan solicitar la libertad bajo fianza, explicaron.
El asunto tuvo una intensa discusión entre los parlamentarios, quienes incluso llegaron a proponer una pena máxima de 25 años para este tipo de delito.
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