De ninguna forma tengo previsto continuar con la práctica de deportar a los extranjeros indocumentados a Ruanda, que además nos cuesta una fortuna, declaró el máximo dirigente de los laboristas británicos, Kir Starmer, citado por la televisión en esta urbe.
Sin embargo, recientes encuestas señalan que el 55 por ciento de los británicos y el 50 por ciento de los partidarios del partido Laborista respalda la expulsión forzada de los foráneos al país africano, con el que los conservadores pactaron un acuerdo en ese sentido.
En medio de las críticas de grupos de defensa de los derechos civiles, las autoridades ruandesas ya recibieron 275 millones de dólares por asumir ese compromiso y deben contar con otros 150 millones adicionales en breve, mientras se prevé un pago de 187 millones cada tres años.
Aunque el arreglo de Londres con Kigali fue pactado hace dos años por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson, por el momento no se registró ninguna deportación, a causa de la oposición en los tribunales del Reino Unido.
Muchos de los letrados británicos consideran que, una vez en Ruanda, los inmigrantes podrían ser devueltos a sus países de origen, donde estarían en peligro, señaló la prensa en esta capital. En contra de la medida también se pronunció el Tribunal Europeo de Justicia.
Para evitar esos escollos, el gobierno del actual primer ministro Rishi Sunak firmó un acuerdo renovado con Ruanda y aprobó una nueva ley que sitúa a esa nación africana como una región segura y prevé medidas para evitar que los expulsados puedan llevar esos casos a tribunales.
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