Datos de la Contraloría General de la República señalan que, al 31 de marzo, que marcó el fin del primer trimestre del año, la plantilla estatal contaba con 255 mil 360 funcionarios.
La cifra representa un incremento del 2,0 por ciento al compararla con la reportada un mes antes (febrero de 2024). Porcentaje que parece bajo, pero la realidad es que, en un mes, ingresaron al engranaje gubernamental cinco mil 89 trabajadores.
Para Moody’s esos aumentos representan el 30 por ciento de los gastos, dejando poco espacio para inversiones públicas.
Por su parte, los ingresos del gobierno no han crecido en consonancia con la actividad económica, debido a exenciones y evasiones que limitan los ingresos por impuestos, situación que incrementa la dependencia del Gobierno de las transferencias del Canal de Panamá, destacó la compañía en sus análisis.
Las nuevas contrataciones se realizaron en el renglón de eventuales en instituciones como los ministerios de Seguridad, Salud y Educación, la Asamblea Nacional(parlamento), la propia Contraloría, el Tribunal Electoral y la Universidad Tecnológica de Panamá.
De otra parte indican que así como aumentó el número de trabajadores, el costo de la plantilla también se elevó durante el mes de marzo hasta alcanzar los 428,4 millones de dólares.
La cifra representa un incremento mensual de 4,2 millones de dólares, producto de incrementos salariales aplicados a los funcionarios permanentes.
La alerta de Moody’s apunta a que el costo de la nómina estatal se ha convertido en un gran peso para las finanzas del Estado.
En el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, que alcanza los 30 mil 690 millones de dólares, está incluido un renglón de servicios personales por seis mil 915 millones de dólares, monto para el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
Al respecto, el diario La Prensa recordó que durante la proclamación de José Raúl Mulino como presidente electo en comicios generales, este señaló que ajustará el presupuesto de las distintas instituciones, en especial el del Legislativo, para utilizar esos fondos en proyectos en beneficio del país.
Para el empresariado privado el próximo gobierno debe trabajar en reducir el número de funcionarios públicos, generar más eficiencia y menos burocracia, y no utilizar la plantilla estatal con fines políticos.
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