En noviembre de 2022 un fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó a estas instituciones a ajustar el valor de sus planes y devolver mil 600 millones de dólares a sus afiliados por cobros excesivos.

Tras meses de negociaciones y cuando vence el plazo para cumplir el veredicto, una comisión mixta del Parlamento aprobó la denominada Ley corta de Isapres, la cual no genera consenso porque extiende hasta 13 años el tiempo para saldar la deuda y además las autoriza a aumentar los precios a los servicios.

Los defensores de esta iniciativa argumentan que con ello se evitaría el quiebre de las administradoras privadas y un eventual colapso del Fondo Nacional de Salud por la emigración de usuarios hacia el sistema público.

En cambio, sus detractores señalan que si bien el proyecto permitiría a las Isapres seguir operando por algún tiempo, éstas aplicarán fuertes alzas en los planes de salud para equilibrar sus finanzas, por lo que la deuda será traspasada a los usuarios.

«Le sacarán la plata de un bolsillo a las personas para pagarles lo que les deben», advirtió Tomás Lagomarsino, médico cirujano y diputado independiente.

Por el contrario, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió el proyecto y recordó que mientras las aseguradoras privadas mantengan la deuda por cobros excesivos, no van a poder retirar utilidades.

Las Instituciones de Salud Previsional fueron creadas en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y en actualidad cuentan con unos tres millones de clientes, de una población total de más de 19 millones de personas.

El proyecto de Ley corta de Isapres será sometido a votación en una sesión especial del Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados este lunes, un día después del plazo dado por la Corte Suprema que las obliga a devolver los cobros excesivos.

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