La normativa comprende el previo consentimiento de la persona que será sometida a internamiento para tratar su adicción.
El plenario de diputados recabó 74 votos a favor y nueve en contra, en una votación en la que el Frente Amplio dividió sus sufragios.
En julio de 2022 la iniciativa había sido votada en Diputados solo con el apoyo de las bancadas de la coalición de gobierno; en el Senado el proyecto tuvo algunos cambios y en mayo de 2023 recibió luz verde solo con los votos del oficialismo.
Ahora fue finalmente aprobada en la cámara baja y en su articulado quedaron fuera los objetivos de «rehabilitación y la reinserción social» como mencionaba el primer artículo de la propuesta original.
Lo básico de la normativa es la desintoxicación y los pacientes «con consumo problemático» podrán hacer uso del tratamiento establecido por el Ministerio de Salud Pública.
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