El centro, que monitorea la libertad de prensa e información, emitió un comunicado en el que considera la normativa “regresiva, sin una discusión adecuada y contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos”.
Añade que la reforma concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, «con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión».
El comunicado asegura que ello tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos.
También la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
La organización recuerda los últimos datos de su informe sobre amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, que registró 59 casos entre el primero de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, lo cual consideró preocupantes en el marco de la actual campaña electoral.
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