Este miércoles no asistieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional (Parlamento) los titulares de Ambiente, Sade Fritschi; del Interior, Mónica Palencia; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Turismo, Niels Olsen; y de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.
Ellos debían declarar sobre su participación en el proyecto inmobiliario que la empresa Vinazín S.A. -cuya principal accionista es Lavinia Valbonesi, esposa de Noboa- quería construir en el Esterillo Oloncito, una zona protegida de la comuna Olón, provincia de Santa Elena.
Los asambleístas miembros de esa mesa aprobaron una moción para consultar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) si es procedente iniciar con solicitudes de juicio político en contra de los funcionarios.
“No tengan miedo de venir a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Aquí se respeta el procedimiento parlamentario y, con altura, hemos demostrado que los procesos de fiscalización lo hacemos de manera transparente e imparcial”, señaló la legisladora Victoria Desintonio.
El pasado sábado Vinazin desistió de la construcción del proyecto denominado Echo, sin embargo, en el legislativo esperan respuestas.
La zona del Esterillo Oloncito desde 2001 fue declarada bosque protegido, con manglares y especies de flora y fauna de importancia para la biodiversidad, aunque las autoridades actuales señalaron que no lo era.
En ese sitio, la compañía de Valbonesi planeaba edificar un conjunto de cuatro edificios, áreas sociales, áreas verdes, parqueaderos, acceso a la playa, entre otros servicios.
Grupos ambientalistas y residentes en el área realizaron plantones, vigilias y consideraron que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica entregó de forma irregular en menos de 10 días el permiso ambiental para la ejecución.
La Fiscalía General del Estado anunció una investigación y Valbonesi fue denunciada por tráfico de influencias y delitos contra la naturaleza.
La decisión de desistir del proyecto llegó el mismo día en que habitantes de la comuna de Olón advirtieron que no permitirían el avance de la obra hasta realizar la socialización de la misma.
En medio de la polémica, el presidente Noboa y otros de sus funcionarios aseguraron que los ataques tienen detrás intereses políticos de grupos de oposición.
Paralelamente, unas 38 organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos exigieron la renuncia de Fritschi por utilizar su cargo para beneficiar proyectos privados que atentan contra los derechos de la naturaleza, especialmente de los manglares.
rgh/avr
