La Fiscalía electoral se manifestó el 7 de mayo ante el TSE en contra de la revocación del mandato de Moro por tal imputación.
El posicionamiento se dio después del despacho del relator de la acción, ministro Floriano de Azevedo, pidiendo un dictamen en hasta cinco días sobre el tema.
Los partidos de los Trabajadores (PT) y Liberal (PL) también presentaron recursos el 22 de abril.
Ambos acusaron al exministro de Justicia de abuso de poder económico por iniciar una campaña como precandidato a la presidencia del país antes de convertirse en pretendiente al Senado por el sureño estado de Paraná.
Según las organizaciones políticas, el exmagistrado gastó más en la precampaña de lo que está permitido por la ley y habría tenido ventaja sobre los demás competidores.
Las reclamaciones fueron juzgadas en el Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR) y Moro ganó por cinco votos a dos, manteniendo su mandato. Ahora, los reclamantes quieren la apreciación del TSE.
«En el recurso, la Federación Brasil de la Esperanza señala equívocos cometidos en el análisis de las pruebas de los autos del juez Luciano Falavinha, siendo manifiesto el abuso de dinero por Moro para aprovechar su candidatura en el período preelectoral”, indica el comunicado divulgado por la coalición del PT.
Insiste en que el juicio realizado viola precedentes del propio TSE, como en el sonado caso de la senadora Selma Arruda, en el cual la arbitrariedad fue reconocida partir del desembolso de recursos financieros menores que los constatados en el expediente de Moro.
Arruda perdió en diciembre de 2019 su silla en la asamblea senatorial después de ser condenada por abuso de poder económico.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulad operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, castigó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de magistrado y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).
Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
rgh/ocs
