El plenario de diputados recabó el martes 74 votos a favor y nueve en contra, en una votación en la que el Frente Amplio dividió sus sufragios.

La normativa comprende el previo consentimiento de la persona que será sometida a internamiento para tratar su adicción y el aval de un médico general y no de un psiquiatra, como plantea la Sociedad de esa especialidad.

El presidente de la asociación, Artigas Pouy, dijo que “no debería haber una internación compulsiva que no sea manejada con criterios técnicos para cada situación en particular”.

“No puede haber una ley decretando internación compulsiva, en todo caso sí debería haber una ley brindando herramientas, que ya la hay”, afirmó a la prensa.

Argumentó que el diagnóstico sobre problemas de droga o salud mental “no puede establecerse mediante decretos, leyes y reglamentos”.

Consideró que la internación compulsiva “lo que busca es el encierro y después no se habla más nada”, lo cual complica la situación ya difícil de las emergencias psiquiátricas y de los refugios con limitaciones”.

En julio de 2022 la iniciativa había sido votada por los diputados solo con el apoyo de las bancadas de la coalición de gobierno.

En el Senado el proyecto tuvo algunos cambios y en mayo de 2023 recibió luz verde solo con los votos del oficialismo.

Ahora fue finalmente aprobado en la cámara baja y en su articulado quedaron fuera los objetivos de «rehabilitación y la reinserción social» como mencionaba el primer artículo de la propuesta original.

Lo básico de la normativa es la desintoxicación y los pacientes «con consumo problemático» podrán hacer uso de tratamiento establecido por el Ministerio de Salud Pública, según la institución. kmg/ool