El 30 de abril, la Cámara baja del Congreso dio media sanción al proyecto Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que permite al mandatario ejercer facultades de ese tipo durante un año, bajo el pretexto de la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Además, dispone la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la modificación del sistema laboral y previsional, entre otras medidas.
Asimismo, establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el cual ofrece beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría, y posibilita la entrega de los recursos naturales.
Personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el politólogo Atilio Borón, la política y diplomática Alicia Castro, el abogado Eduardo Barcesat, el exjuez Carlos Rosanski y el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma, Hugo Godoy, denunciaron a los diputados y los acusaron de violar el Código Penal.
En su artículo 227, el mismo establece que “serán reprimidos con las penas establecidas para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo (…), facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o persona”.
Además, los legisladores son considerados responsables de violar los deberes de funcionarios públicos y cometer otros delitos como abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Por otra parte, el recurso presentado señala que la acusación también “debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos”.
Asimismo, considera que Milei debe ser indagado como posible instigador al enviar el proyecto en cuestión.
Los denunciantes aclaran que no intentan criminalizar opiniones, sino condenar una maratónica sesión en Diputados en la que se ejecutaron acciones sin precedentes para entregar la suma del poder público al Ejecutivo, garantizándole la posibilidad de ejercerlo de modo absolutista, sin someterlo a control alguno.
Además, culpan a los legisladores por echar por tierra las premisas fundacionales de la República y las bases del sistema constitucional argentino.
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